Opinión        

          Disfrazando la verdad             Langa T

Nuestro equipo de gobierno municipal sigue empecinado en conseguir titulares llamativos con los que tapar las irregularidades de su gestión. El mejor ejemplo de ello lo acabamos de tener con la presentación de algo tan serio como el Presupuesto Municipal para el 2005.

Una vez más siguiendo los aires de grandiosidad a que nos tiene acostumbrados el concejal de Hacienda se ha buscado el presentar un presupuesto para ser vendido a la ciudadanía con un discurso barato, pero elaborado sin el debido rigor ni siguiendo las prácticas legales establecidas dentro de la Ley de Haciendas Locales.

Muchos se preguntaran a que ha venido dirigirse ahora a los medios de comunicación si tal y como ha declarado el edil de hacienda el presupuesto no será llevado al pleno hasta finales de enero. La respuesta es sencilla, haciendo buena la máxima en comunicación de que una noticia se tapa con otra noticia, ese ha sido el motivo de la precipitada presentación del presupuesto. Si se presenta ahora sirve como cortina de humo para tapar los graves problemas por los que atraviesa el equipo de gobierno, tales como denuncias por irregularidades urbanísticas, o la presunta prevaricación de alguno de sus miembros. Pero lo que es más importante –y que hace tambalear el edificio–, la disidencia crítica de los cuatro miembros del equipo de gobierno que no quieren ser cómplices de ese oscuro entramado de intereses, ni de las prácticas de gobierno establecidas por los cabecillas del equipo.

Volviendo al trabajo presentado, no se llega a entender como se puede elaborar un presupuesto que supera en un 60% el del año anterior sin especificar el remanente de Tesorería, y a la vez se esté pensando en suscribir un crédito de 6 millones de €. Pero aparte de otras muchas consideraciones de carácter técnico hay algo mucho más importante que invalida estos presupuestos al estar basados  en informes  económico financieros realizados por una técnico sin la requerida cualificación y elaborados por un funcionario denunciado por intrusismo en la función de Intervención al carecer de la habilitación legal necesaria para tal labor dentro de la Administración Publica. Todo esto ya fue denunciado por la Oposición al equipo de gobierno avisando de un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Estas irregularidades, repetidas en la preparación de las Ordenanzas Fiscales del 2005, parece que importan poco a los actuales gobernantes. Ellos siguen dispuestos a seguir adelante con el presupuesto presentado, y por si acaso se cubren las espaldas con un discurso populista. Mezclando churras con merinas el concejal de Hacienda dice que este presupuesto hará posible  que Castro cuente en el futuro con infraestructuras como la del ferrocarril Castro-Bilbao ¿?. También dice que con este presupuesto hará subir a Castro puestos en la escala de ayuntamientos con mayor riqueza. O sea que aquí de lo que se trata ya no es de apretarse el cinturón como nos decían hace bien poco. De la noche a la mañana hemos pasado de ser un ayuntamiento endeudado hasta las cejas a casi doblar el presupuesto para el próximo ejercicio. Aquí hay algo que no encaja.

En principio vemos esa precipitación en buscar los titulares para copar espacios en los medios y ocultar otras miserias en lugar de seguir trabajando con los números de una manera sería, eficaz y exenta de demagogia. Pero sobre todo lo que resulta imprescindible es que la ejecución del presupuesto este dirigida por un funcionario con la habilitación nacional tal como lo exige la Ley (RD 1732/1994 y los con el relacionados), ya que algo tan serio la función presupuestaria y económico-financiera no puede ser delegada en ningún funcionario no habilitado.

En fin, como se puede observar por la lectura de la citada Ley en este caso no caben componendas entre amiguetes, por muy eficaces y trabajadores que estos sean. Pongamos un ejemplo: ¿Acaso la Ley o el Colegio de Arquitectos aceptaría que un delineante firmase el proyecto de un edificio?

Opinión        

          Atado y bien atado             Langa T

En los últimos días estamos oyendo hablar a nuestro Sr. alcalde con harta frecuencia  que tiene intención de crear en nuestro Ayuntamiento un nuevo puesto. Se trata, según él, de un alto cargo al que denomina Oficial Mayor. Sería equiparado al máximo nivel en sueldo de nuestro Ayuntamiento, tal como el Secretario, Interventor o Tesorero. Las funciones no las explica muy bien. Dice que estaría a caballo entre estos tres puestos y coordinaría estas áreas ¿?.

¿Pero a que viene ese empeño del alcalde y sus asesores por nombrar ese nuevo cargo desde dentro del Ayuntamiento? Porque se esta hablando de “controlar” tres funciones públicas como son: La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo, el Control y la Fiscalización Interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y la Contabilidad, Tesorería y Recaudación. O sea que podríamos estar ante un intento de controlar desde el Poder a los controladores legales del mismo.

Estas funciones están reservadas a funcionarios de carrera con la debida habilitación de carácter nacional, «para asegurar la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función» tal como determina la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Estamos hablando de los puestos de Secretario, Interventor y Tesorero, que, entre otras cosas, son algo así como los notarios de los ayuntamientos.

Precisamente cuando la Ley determina los requisitos para cubrir esos puestos está pensando en que los ayuntamientos no se conviertan  en el coto privado de los gobernantes de turno. Algo como eso estábamos acostumbrados a oír de boca de los que ahora gobiernan cuando estaban del otro lado de la valla, pero ahora no les importa que suceda.

Sin embargo ahora que las cosas no les salen tal y como desearían en este ámbito, parece quieren recurrir a ciertas argucias para tener “controladas” esas tres áreas fundamentales. Porque el nombrar un Oficial Mayor no es otra cosa que crear un puesto de personal laboral desde dentro del propio consistorio. Antiguamente en algunas dependencias oficiales para ese puesto se nombraba al funcionario administrativo de mayor jerarquía, antigüedad u otro tipo de méritos, cosa que se prestaba a toda una serie de apaños y favoritismos.

Ahora aquí en una fase que podría ser la de “dejar todo atado y bien atado” se trataría, entre otras cosas, de amarrar bien las funciones descritas de Secretaría, Intervención y Tesorería, nombrando a ese Oficial Mayor, igualándole con el mejor sueldo, una forma de tener al funcionario elegido eternamente agradecido y que, como decíamos hace bien poco, solo escuchase la voz de su amo.

Quizás los responsables de la idea de la creación de ese puesto puedan responder que lo único que tratan es de reforzar las áreas descritas. Si esto fuera así también puede hacerse de forma mucho más regular sacando a cubrir las plazas de Vicesecretario, Viceinterventor o Vicetesorero. Cualquiera de esos puestos puede ser cubierto por un funcionario habilitado nacional con el único requisito de seguir el procedimiento marcado por la Ley. Ese sería un buen modo de preservar la independencia del puesto, sin estar obligado el funcionario de turno a admitir ingerencias de los gobernantes. Podríamos preguntar al Sr. alcalde porque no quiere optar por esta vía, máxime cuando, por ejemplo, el Sr. Secretario esta próximo a su jubilación.

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